La Comisión Especial de Organismos de Control de la Legislatura Porteña es Presidida por el legislador Martín Hourest, del Bloque Igualdad Social.

La Comisión fue creada para establecer mecanismos de trabajo conjunto entre los Organismos de Control de la Ciudad y la Legislatura Porteña.

Para esto la Comisión organizará un ciclo de charlas y reuniones con autoridades y funcionarios de los Organismos de Control, para que los Diputados puedan contar con un conocimiento pormenorizado de las actividades y la problemática que enfrentan las diferentes áreas de dichos organismos.

También es objetivo de esta Comisión, elaborar posibles alternativas que concluyan en una mejora del funcionamiento institucional y la transparencia de la gestión. 

Se creó a principios de año ante las dudas del oficialismo. En este tiempo de trabajo preparó varios proyectos que, basados en informes de los organismo de control, cuestionan el trabajo del Ejecutivo porteño y le piden explicaciones.

El encuentro será el próximo viernes 18 de Junio de 2010 en la Legislatura. Éste será el tercer encuentro del ciclo de jornadas organizado por la Comisión de Seguimiento de Organismos de Control. En esta oportunidad el organismo invitado será el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad, que asistirá representado por su Directorio.

Como parte del ciclo de jornadas de debate que la Comisión viene organizando con los Organismos de Control de la Ciudad, el miércoles 16 de junio se realizará el segundo encuentro, que tendrá como invitada a la Auditoría General de la Ciudad.

El encuentro tuvo como objetivo canalizar las cuestiones relacionadas con el desempeño de la Defensoría y cómo el Ejecutivo está respondiendo a cada área de la misma.

La primera charla se realizará el Miércoles 19 de Mayo de 2010, con la presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Será en la Legislatura Porteña (Perú 130), a las 10:30 horas.

La presidencia de la Comisión de Organismos de Control presentó el primer borrador de un proyecto que tiene por objeto asegurar el cumplimiento del último párrafo del artículo 132 de la Constitución de Buenos Aires. Ese artículo constitucional dispone, en su parte final, que toda contratación o acto de significación económica para el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires deba ser registrado en una base de datos.